Mexican Supreme Court / Presidencia de la República Mexicana, CC BY 2.0

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Desde antes de convertirse en nuestro tlatoani, AMLO ya coqueteaba con la idea de realizar cambios en el Poder Judicial, pero solo hasta ahora ha logrado cristalizar su idea, aunque le tomó su tiempo; y ahora deja el trabajo sucio a nuestra querida Claudita.

Después de varias protestas, el domingo 15 de septiembre de este año, mientras las tres mil Sonoras Dinamitas existentes en la Vía Láctea amenizaban simultáneamente los festejos del Grito de Independencia en distintos puntos, se publicó la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación.

No creo que debemos satanizarla, ni decir que el peje quiere quitar la autonomía al Poder Judicial o que nos estamos convirtiendo en Venezuela (con todo respeto para nuestros hermanos, amo sus arepas y a Los Chamos, pero la verdad, ninguna dictadura es buena). Siempre hay que analizar las cosas con criterio.

En resumen, ¿qué plantea la reforma?

· Reducir el número de ministros de la Corte.

· Eliminar sus pensiones vitalicias.

· Que no ganen más que el Presidente.

· Que los jueces federales sean elegidos por voto popular.

· Crear el Tribunal de Disciplina Judicial.

· Reducir los tiempos para resolver los asuntos.

Voy a señalar lo bueno y lo malo.

En los juzgados de primera instancia, es decir, los jueces locales en cada entidad federativa, donde se llevan casos como divorcios, juicios mercantiles, civiles, algunos penales, etcétera, hay muchos problemas y fallas: como en todo sistema, nada es perfecto. Estos jueces son personas capacitadas que pasan por un proceso de selección riguroso; me consta. Pero no podemos tapar el sol con un dedo; hay casos de corrupción (aunque no al mismo nivel que en otras instancias). Curiosamente, el artículo 17 de la Constitución dice que la administración de justicia es gratuita, pero tarde o temprano tienes que “darle pal’chesco” al notificador o al oficinista para que te haga un trámite. Hay saturación por la carga de trabajo, falta de juzgados e infraestructura moderna, juicios más lentos que el embarazo de una elefanta (22 meses de gestación, por si tenías curiosidad), y muchos otros vicios que deben corregirse.

Pero ¿adivina qué? La reforma judicial no contempla nada para corregir estos problemas. Es más, ni siquiera está dirigida a estos jueces locales de los que te hablo. Y, suponiendo que fueran elegidos por voto popular, dudo mucho que con eso se solucionen los problemas.

Estas reformas aplican (de momento) solo a jueces federales, es decir, a:

· Ministros de la Corte

· Magistrados de Circuito

· Jueces de Distrito

Voy a explicar para los que no son abogados. Los Ministros de la Corte, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito forman parte de la “corte celestial”; son quienes tienen la última palabra en los asuntos, resuelven amparos, juicios federales, controversias constitucionales, y crean jurisprudencia. No pienses que la pensión alimenticia para tu Brayan la lleva esta élite.

No amigos. Los que resuelven nuestros chismes cotidianos son los otros jueces locales que mencioné. Y no digo esto para menospreciarlos o decir que saben menos que los otros; al contrario, reitero que para llegar a ser juez, incluso en San Juan de las Pitas, se requiere preparación y carrera judicial.

Lo malo de la reforma es que primero debió enfocarse en mejorar la impartición de justicia de estas autoridades jurisdiccionales locales, que son quienes, día a día, se ocupan de nuestros pequeños problemas. Estos jueces, por cierto, no ganan tanto como un Ministro (su sueldo no es malo, pero tampoco ganan más que el Presidente). Es en estos juzgados donde hay mucho que corregir, y no digo que en los juzgados federales no haya fallas, claro que las hay, pero la dinámica, las cargas de trabajo y los problemas son diferentes a los que ocurren en el mundo “fifí” de la Suprema Corte.

Focalizar la reforma únicamente en los jueces federales le da material a la llamada “mafia del poder” para pensar que AMLO está molesto por todos los amparos que detuvieron sus proyectos. ¿Cómo se los cobra? Pegándoles donde más le duele a cualquier godín: en sus bolsillos. Y hablando de bolsillos, creo que un acierto de la reforma judicial es la reducción de los sueldos exorbitantes; ganan más del doble que el Presidente de la República.

Pero lo que definitivamente no me queda claro es la elección de jueces federales por voto popular. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es la razón detrás de eso? ¿Por qué debe el pueblo elegirlos? Son preguntas para las que no encuentras respuestas en la reforma.

No tenemos una bola mágica para saber cómo nos irá, y evidentemente será complicada la curva de aprendizaje. Claro que deseo que nos vaya bien. Pero hay una imagen que no puedo borrar de mi retorcida mente. Según la reforma, para el proceso de elección de jueces y ministros se contempla lo siguiente:

“…un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y presenten cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo…” [sic]

Sí, leíste bien. Si te toca un juez federal electo por voto popular que deba resolver tu amparo, reza para que sus cartas de referencia no estén firmadas por “el Chicarcas” y por “la Doña Pelos”, los colegas de confianza del barrio que lo acompañaron en sus mejores fiestas y que respaldaron su idoneidad para desempeñar el cargo de juez. 


English translation:

Even before becoming our ‘tlatoani’, AMLO (Andrés Manuel López Obrador, a former president of Mexico) was already flirting with the idea of making some changes to the Judicial Branch. Now, after some delay, he’s finally been able to crystallize his idea, though he left the dirty work to our dear Claudita.

After several protests, on Sunday, September 15, while the three thousand Sonoras Dinamitas across the Milky Way simultaneously enlivened the festivities of the Independence Day cry, the judicial reform was published in the Diario Oficial.

I don’t think we should demonize it, nor should we claim that ‘el peje’ wants to strip the judiciary of its autonomy or that we’re turning into Venezuela (with respect to our Venezuelan brothers — I love their arepas and Los Chamos — but let’s be real, no dictatorship is cool). We must always analyze things with reason.

In summary, what does the reform propose?

  • · Reducing the number of Supreme Court ministers
  • · Eliminating their lifetime pensions
  • · Ensuring they don’t earn more than the President
  • · Electing federal judges by popular vote
  • · Creating the Judicial Discipline Tribunal
  • · Reducing the time it takes to resolve cases

Let me outline the good and the bad.

In the first-instance courts (i.e, the local judges in each federal entity, where divorces, commercial cases, civil cases, and some criminal cases are handled), there are many problems and flaws; like any system, nothing is perfect. These are judges who know their work and undergo a rigorous selection process; I can attest to that. But we can’t turn a blind eye — there are cases of corruption (though not at the same levels as in other areas). Interestingly, Article 17 of the Constitution says that the administration of justice is free, but sooner or later, you have to slip the clerk a little something to get your paperwork done. There’s overcrowding due to heavy caseloads, a lack of courts, and outdated infrastructure. Trials move slower than the pregnancy of an elephant (22 months of gestation, in case you were curious), and many other issues need fixing.

But guess what? The judicial reform doesn’t address any of these problems. In fact, it’s not even aimed at these local judges that I’m talking about. And let me just say, even if they were elected by popular vote, I doubt that would solve the issues.

These reforms (for now) only apply to federal judges, specifically:

  • · Supreme Court Ministers
  • · Circuit Magistrates
  • · District Judges

Let me explain for those who aren’t lawyers. The Supreme Court Ministers, Circuit Magistrates, and District Judges form the ‘celestial court’ — those who have the final say in matters, who resolve amparos (legal protections), federal trials, and constitutional controversies, and who create jurisprudence. Don’t think that your child support case for your little Brayan is handled by this elite.

No, friends. The ones who resolve our everyday disputes are the local judges I mentioned. And I’m not saying they’re less important or know less than the others. Quite the opposite; I reiterate, to become a judge, even in San Juan de las Pitas, requires preparation and a judicial career.

What’s bad about the reform is that it should have first focused on improving the delivery of justice at the local level — the judges who deal with our day-to-day cases. These are the ones who don’t earn as much as a Supreme Court Minister (their salaries aren’t bad, but they don’t make more than the president). It’s in these local courts where there is much to fix. I’m not saying that federal courts don’t have their problems — they do — but the dynamics, workloads, and issues are different from those in the ‘fifí’ world of the Supreme Court.

Focusing the reform solely on federal judges feeds the so-called ‘mafia of power’ the narrative that AMLO is upset about all the amparos that blocked his projects. So how does he get back at them? By hitting them where it hurts most for any bureaucrat: their wallets. Speaking of wallets, I do think one good aspect of the judicial reform is reducing their exorbitant salaries; they earn more than twice what the president makes.

But what I really don’t understand is the election of federal judges by popular vote. What’s the point? What’s the reasoning behind it? Why should the people choose? These are questions you won’t find answers to in the reform.

We don’t have a crystal ball to predict how things will go, and there will obviously be a steep learning curve. Of course, I hope it all turns out well. But there’s one image I can’t erase from my twisted mind. According to the reform, for the process of electing judges and ministers, it is required that interested candidates submit:

“...an essay of three pages justifying the reasons for their candidacy, along with five letters of reference from neighbors, colleagues, or individuals supporting their suitability for the position...” 

Yes, you read that right. If you end up with a federal judge elected by popular vote who has to rule on your amparo, pray that their letters of reference aren’t signed by ‘el Chicarcas’ or ‘la Doña Pelos’ — those trusted neighbors from the block who joined them for their wildest drinking nights and vouched for their suitability for the position of judge.


Originario de la Ciudad de México, Oscar Taylor cuenta con estudios superiores en Derecho y Administración Pública. Ha sido catedrático en diversas instituciones educativas de México y se desempeña como Disc Jockey profesional desde 1988 y servidor público desde 1996. Oscar fue locutor de Grupo Radio Fórmula Monterrey de 2012 a 2015, y en 2018 fue galardonado con la Palma de Oro por el Círculo Nacional de Periodistas de México. Ha ganado diversos Concursos de Calaveras literarias. Oscar es autor de la obra literaria postapocalíptica ÁNIMA, y es el creador del podcast “El Búnker de Oscar Taylor”.

Originally from Mexico City, Oscar Taylor has advanced degrees in Law and Public Administration. He has been a professor at various educational institutions in Mexico and has worked as a professional Disc Jockey since 1988 and a public servant since 1996. Oscar was a speaker for Grupo Radio Fórmula Monterrey from 2012 to 2015, and in 2018 he was awarded the “Palma de Oro” by the National Circle of Journalists of Mexico. He has won various literary 'Concursos de Calaveras' (contests of traditional satirical writing in verse). Oscar is the author of the post-apocalyptic literary work ÁNIMA, and is the creator of the podcast El Búnker de Oscar Taylor.


Este artículo es presentado por El Vuelo Informativo, una asociación entre Alcon Media, LLC y Tumbleweird, SPC.

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